En la madrugada del 15 de octubre del año pasado, en French y Felipe Moré de la ciudad de Rosario, fue asesinado Elías, de 16 años. El homicidio llamó la atención por dos elementos: lo mataron de 30 balazos de 9 milímetros y, a las pocas horas, los mismos vecinos terminaron destruyendo un kiosco de venta de drogas que quedaba a pocos metros de donde mataron a Elías.
El domingo 29 de enero pasado, Alexis, un adolescente de 14 años, terminó baleado mientras se desplazaba en moto por la zona de Gorriti y Larrea producto del tiroteo que mantenían bandas narcos que disputan el control del negocio en el barrio. A las pocas horas, un grupo de vecinos prendió fuego un kiosco de drogas que funcionaba en Liniers al 500 bis.
El 31 de enero, Carlos, de 36 años, recibió un disparo en la cabeza en la intersección de Pasaje Franco y República Dominicana. Fueron los vecinos los que le indicaron al Comando Radioeléctrico donde quedaba el kiosco de venta de drogas en el que se refugiaban los agresores.
El lugar donde fue asesinado Elías queda a 400 metros de la ubicación exacta en que Alexis fue baleado y a una distancia similar del lugar donde Carlos recibió el tiro en la cabeza. En un escaso recorrido de 800 metros lineales de distancia, fue el conocimiento y la reacción de los vecinos la que permitió identificar y destruir los puntos de venta de drogas que funcionaban en la zona.
Ciertamente, la indignación de la ciudadanía, que observa cómo se multiplican los hechos delictivos en sus barrios modificando todos los hábitos familiares y de convivencia, genera muchas veces reacciones donde los vecinos terminan asumiendo con sus propias manos responsabilidades que les competen a los poderes del Estado. Pero no son los vecinos los que tienen que desactivar los kioscos de drogas que funcionan en sus barrios ni intentar apresar a los responsables de determinados delitos. Para eso están los funcionarios públicos. Y el poder político de la provincia de Santa Fe tiene la enorme posibilidad de transformar esa indignación ciudadana en una fuerza social capaz de trabajar junto a los responsables gubernamentales en el diseño de un plan de prevención de la inseguridad en sus propios barrios.
La elaboración de un mapa del delito y la definición de estrategias zonales y barriales de prevención no puede basarse exclusivamente en el conocimiento policial. Tampoco puede confeccionarse meramente con el aporte de organizaciones sociales que – más allá de su prestigio – carezcan de un ámbito geográfico específico de actuación y están alejadas de las particularidades de la inseguridad que se vive en cada territorio. Hay que complementar miradas. Y es la población de cada barrio, a través de sus organizaciones, la que debe convocarse para que los vecinos se transformen, a través de su conocimiento vivencial de la inseguridad, en actores estratégicos a la hora de diseñar e implementar una política de prevención.
Para ello, considero fundamental que las autoridades políticas en materia de seguridad pública en la provincia de Santa Fe avancen prontamente en la conformación de Mesas Barriales de Participación Comunitaria en Seguridad en las zonas más complicadas de la ciudad de Rosario.
La metodología debe ser muy sencilla y práctica. Habría que convocar a las organizaciones comunitarias que funcionan en un determinado barrio y se encuentren interesadas y sensibilizadas por la cuestión de la seguridad pública. Se necesitará seguramente capacitar a los referentes de estas entidades para abordar la cuestión de la seguridad en el barrio desde mínimos criterios compartidos. Luego, a través de una serie de reuniones periódicas animadas por especialistas, la Mesa Barrial podrá abocarse a efectuar un diagnóstico participativo en su ámbito geográfico de trabajo.
La intención es que los mismos vecinos aporten a la confección de un mapa del delito y de la violencia en el barrio que luego se contraste y complemente con el diagnóstico que disponen las fuerzas de seguridad pública. Se identificarán los lugares más complejos, los espacios públicos abandonados, horas de mayor conflictividad, grupos existentes que disputan el control del delito, las situaciones de convivencia barrial que pueden terminar en casos de violencia, entre otros elementos. A partir de este mapa comunitario, la Mesa Barrial podrá participar en el diseño de un plan de seguridad pudiendo impulsar acciones de prevención de la violencia y desarrollar diversas estrategias de sensibilización y comunicación con el resto de los vecinos del barrio.
Si hay decisión política, este proceso comunitario que va de la convocatoria de los vecinos al diseño terminado del plan de acción puede estar listo en 45 días. De esta manera, el conocimiento vivencial ciudadano de la dinámica del delito y la violencia en su barrio se transformará en el insumo fundamental para implementar un plan de seguridad que responda a las verdaderas necesidades del territorio.
Esta experiencia se viene desarrollando en la ciudad de Buenos Aires a partir de la Resolución 296 del 24 de mayo de 2011 por la cuál el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de su Secretaría de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad. En ese marco, ya funcionan unas 29 Mesas Barriales en coordinación con el trabajo de la Policía Federal. Sobre el aporte ciudadano, se han establecido planes de acción para cada barrio reorientando el accionar de las fuerzas de seguridad y acortando distancia con la gente.
La propuesta que realizamos intenta – una vez más – contribuir a una reflexión seria y responsable sobre la cuestión de la inseguridad que padecen los rosarinos. Al igual que sucedió en el debate de candidatos a gobernadores en julio de 2011, no faltará quién diga que ya existen algunas Juntas Barriales de Seguridad. Claramente, las mismas – si funcionan – no son hoy espacios legitimados socialmente por los rosarinos. Lejos de medidas efectistas, estamos proponiendo un proceso sistemático y orgánico de participación ciudadana “desde abajo”, desde los mismos barrios, que vaya más allá de la catarsis natural y haga del conocimiento de los mismos vecinos el principal insumo para abordar la cuestión. La magnitud del problema exige, por parte de los encargados de la política de seguridad pública en la Provincia de Santa Fe, una actitud de humildad para asumir el problema, decisión política para abordarlo e innovación en las herramientas utilizadas. Creo que vale la pena intentarlo porque, como sugería Einstein, no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo las mismas cosas.
El 31 de enero, Carlos, de 36 años, recibió un disparo en la cabeza en la intersección de Pasaje Franco y República Dominicana. Fueron los vecinos los que le indicaron al Comando Radioeléctrico donde quedaba el kiosco de venta de drogas en el que se refugiaban los agresores.
El lugar donde fue asesinado Elías queda a 400 metros de la ubicación exacta en que Alexis fue baleado y a una distancia similar del lugar donde Carlos recibió el tiro en la cabeza. En un escaso recorrido de 800 metros lineales de distancia, fue el conocimiento y la reacción de los vecinos la que permitió identificar y destruir los puntos de venta de drogas que funcionaban en la zona.
Ciertamente, la indignación de la ciudadanía, que observa cómo se multiplican los hechos delictivos en sus barrios modificando todos los hábitos familiares y de convivencia, genera muchas veces reacciones donde los vecinos terminan asumiendo con sus propias manos responsabilidades que les competen a los poderes del Estado. Pero no son los vecinos los que tienen que desactivar los kioscos de drogas que funcionan en sus barrios ni intentar apresar a los responsables de determinados delitos. Para eso están los funcionarios públicos. Y el poder político de la provincia de Santa Fe tiene la enorme posibilidad de transformar esa indignación ciudadana en una fuerza social capaz de trabajar junto a los responsables gubernamentales en el diseño de un plan de prevención de la inseguridad en sus propios barrios.
La elaboración de un mapa del delito y la definición de estrategias zonales y barriales de prevención no puede basarse exclusivamente en el conocimiento policial. Tampoco puede confeccionarse meramente con el aporte de organizaciones sociales que – más allá de su prestigio – carezcan de un ámbito geográfico específico de actuación y están alejadas de las particularidades de la inseguridad que se vive en cada territorio. Hay que complementar miradas. Y es la población de cada barrio, a través de sus organizaciones, la que debe convocarse para que los vecinos se transformen, a través de su conocimiento vivencial de la inseguridad, en actores estratégicos a la hora de diseñar e implementar una política de prevención.
Para ello, considero fundamental que las autoridades políticas en materia de seguridad pública en la provincia de Santa Fe avancen prontamente en la conformación de Mesas Barriales de Participación Comunitaria en Seguridad en las zonas más complicadas de la ciudad de Rosario.
La metodología debe ser muy sencilla y práctica. Habría que convocar a las organizaciones comunitarias que funcionan en un determinado barrio y se encuentren interesadas y sensibilizadas por la cuestión de la seguridad pública. Se necesitará seguramente capacitar a los referentes de estas entidades para abordar la cuestión de la seguridad en el barrio desde mínimos criterios compartidos. Luego, a través de una serie de reuniones periódicas animadas por especialistas, la Mesa Barrial podrá abocarse a efectuar un diagnóstico participativo en su ámbito geográfico de trabajo.
La intención es que los mismos vecinos aporten a la confección de un mapa del delito y de la violencia en el barrio que luego se contraste y complemente con el diagnóstico que disponen las fuerzas de seguridad pública. Se identificarán los lugares más complejos, los espacios públicos abandonados, horas de mayor conflictividad, grupos existentes que disputan el control del delito, las situaciones de convivencia barrial que pueden terminar en casos de violencia, entre otros elementos. A partir de este mapa comunitario, la Mesa Barrial podrá participar en el diseño de un plan de seguridad pudiendo impulsar acciones de prevención de la violencia y desarrollar diversas estrategias de sensibilización y comunicación con el resto de los vecinos del barrio.
Si hay decisión política, este proceso comunitario que va de la convocatoria de los vecinos al diseño terminado del plan de acción puede estar listo en 45 días. De esta manera, el conocimiento vivencial ciudadano de la dinámica del delito y la violencia en su barrio se transformará en el insumo fundamental para implementar un plan de seguridad que responda a las verdaderas necesidades del territorio.
Esta experiencia se viene desarrollando en la ciudad de Buenos Aires a partir de la Resolución 296 del 24 de mayo de 2011 por la cuál el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de su Secretaría de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad. En ese marco, ya funcionan unas 29 Mesas Barriales en coordinación con el trabajo de la Policía Federal. Sobre el aporte ciudadano, se han establecido planes de acción para cada barrio reorientando el accionar de las fuerzas de seguridad y acortando distancia con la gente.
La propuesta que realizamos intenta – una vez más – contribuir a una reflexión seria y responsable sobre la cuestión de la inseguridad que padecen los rosarinos. Al igual que sucedió en el debate de candidatos a gobernadores en julio de 2011, no faltará quién diga que ya existen algunas Juntas Barriales de Seguridad. Claramente, las mismas – si funcionan – no son hoy espacios legitimados socialmente por los rosarinos. Lejos de medidas efectistas, estamos proponiendo un proceso sistemático y orgánico de participación ciudadana “desde abajo”, desde los mismos barrios, que vaya más allá de la catarsis natural y haga del conocimiento de los mismos vecinos el principal insumo para abordar la cuestión. La magnitud del problema exige, por parte de los encargados de la política de seguridad pública en la Provincia de Santa Fe, una actitud de humildad para asumir el problema, decisión política para abordarlo e innovación en las herramientas utilizadas. Creo que vale la pena intentarlo porque, como sugería Einstein, no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo las mismas cosas.
Diputado Nacional Agustín Rossi
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