La iniciativa propicia el otorgamiento de una pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio, para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que hayan sido condenadas por un Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o privados de su libertad de cualquier modo ilegal, por parte de la Dictadura Militar, por razones políticas, gremiales, estudiantiles, o referidas a la arbitrariedad y el terrorismo de estado reinante en ese entonces. Una norma similar ya rige en la provincia de Buenos Aires, a través de la ley 14.042

Marcelo Brignoni señaló “…hace seis meses que el oficialismo dice una cosa en público y hace otra en Diputados. Se nos dijo que no se sabía cuantos beneficiarios habría, se nos dijo luego que se haría el censo de ex Presos Políticos que estaba demorado inexplicablemente en Santa Fe, pero que se podía avanzar de todos modos porque había una presunción cierta de cuantos santafesinos y santafesinas había en esa situación. Sin embargo nada de lo que se dijo está en marcha, y la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia mira para otro lado, en lugar de representar la demanda de quienes fueron víctimas del terrorismo de estado. Todos sabemos que la condena a Videla y Menéndez hablan por sí solas del compromiso del Gobierno Nacional con la lucha contra la impunidad y a favor de la reivindicación de las víctimas del terrorismo de estado, sin embargo no parece que esa reivindicación de las víctimas del terrorismo de estado este en la agenda prioritaria del Gobierno Provincial. Entendemos que este es el momento de llevar adelante un tipo de reparación como la que planteamos, como ya lo ha hecho la Provincia de Buenos Aires, Todos sabemos que los sobrevivientes de tan aberrante dictadura, así como sus familiares, padecieron y padecen daños imborrables, producidos como consecuencia de lo vivido. Muchos de ellos han tenido dificultades para reinsertarse en la vida social y laboral al recuperar la libertad, encontrándose incluso en situaciones de extrema vulnerabilidad social, sin cobertura social ni posibilidad futura de contar con una jubilación digna. Todos ellos merecen un reconocimiento institucional y un resarcimiento económico. Nuestro proyecto es apenas un paso más en la búsqueda de la dignidad robada. Esa es nuestra obligación como Estado Provincial. Debemos asumir esa responsabilidad histórica, y esperamos que el Gobernador de Santa Fe haga sobre esto, algo más que declaraciones…”